“Nos vamos a acabar peleando demasiados por una tarta muy pequeña”

“El alquiler vacacional siempre ha existido”, reconoce Álvarez, aunque realza que la oferta electrónica “lo ha impulsado exponencialmente” y ha hecho que muchos propietarios “se sumen a ofertar un producto”.

El miembro del equipo redactor del nuevo proyecto de decreto explica que “existen intereses contrapuestos” y que fue el Gobierno de Canarias quien se puso en contacto con ellos para tratar de regularlo “bajo sus competencias”, como son “la turística, la ordenación de territorio y del suelo o la protección de consumidores y usuarios”.

A diferencia del todavía hoy vigente decreto de vivienda vacacional, que establece una regulación genérica a nivel del Archipiélago, el borrador lo que busca es modificar este aspecto. “No es lo mismo el municipio de Vilafor, que el La Orotava o Arona, con necesidades distintas y un impacto turístico distinto”, señala Álvarez en sus minutos de ponencia. “Este decreto no prohíbe la vivienda vacacional, la impulsa. Lo que traslada es ordenar el suelo en función de sus características”, añade.

Por su parte, el gerente de Ascav, Javier Martín,
dejó claras sus discrepancias con respecto al borrador del nuevo decreto, pues “no ha sido consensuado ni se nos ha instado a formar parte activa, ayudar a desarrollarlo”. Como respuesta, han preparado una batería de 25 puntos sobre los que atenta desde su perspectiva. Entre ellos, parten de que la premisa principal de que “un decreto no puede impedir la compatibilidad de usos o determinar lo que es una actividad económica o no, aspecto que es una competencia exclusiva del Estado”, matizó.

A su juicio, en el centro de la polémica que rodea al alquiler vacacional existen dos bandos perfectamente diferenciados: “el del Gobierno de Canarias y la patronal hotelera y otro en el que estamos todos los demás”. Por ello, alcanzar un consenso en este sentido “lo veo muy negro”, reconoce.

Aunque reconocen que, si se redactara un decreto contando con las opiniones de todos los implicados, “habría cosas que no apoyáramos pero que tendríamos que asumir para remar todos en la misma dirección, pero no ha sido así. Ha sido impuesto, por lo que usaremos las herramientas jurídicas a nuestro alcance para tratar de rebatirlo. Aunque el decreto se va a aprobar, no nos cabe duda”, lamenta.

“Si 4.150.000 turistas usan el todo incluido y aceptamos que es lícito hacerlo porque existe libertad de competencias, todo el mundo lo entiende, ¿por qué al revés no? Vivimos en un mercado que debe de ser libre. En cuatro ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dicho que lo que se ha hecho con anterior decreto es poner cortapisas a la libertad de competencias”, expone el gerente de Ascav.

En esta misma línea, señala que “actualmente, la cuota de mercado del alquiler vacacional es de un 8,2%, cada vez menor”, por lo que insiste en que “la situación es engañosa de cara a la opinión pública”.
De hecho, recalca que “una de cada diez viviendas incluidas dentro de la modalidad del alquiler vacacional han sido regularizadas hace poco y más de 10.000 viviendas están actualmente en trámites administrativos, no en situación de irregularidad. Las que están en sitios turísticos no se pueden regularizar porque están prohibidas. Más de 6.000 en Tenerife no pueden regularizarse”

Ante esos dos bandos enfrentados, la postura del director de marketing y comunicación corporativa de Biosphere Tourism, Jorge Rodríguez, se centró en aspectos más relativos a la sostenibilidad y en posibles soluciones a tener en cuenta para paliar la falta de consenso . “El problema es que al final nos vamos a acabar peleando demasiados por una tarta muy pequeña”, resumió el experto.

Opina que se plantea la situación “de una manera errónea” y que las repercusiones negativas del alquiler vacacional “no son fruto de la modalidad en sí misma, sino de unos problemas que están debajo, y es que son los propios destinos los que no son sostenibles”.

Existen dos bandos perfectamente diferenciados: “el del Gobierno de Canarias y la patronal hotelera y otro en el que estamos todos los demás”. Por ello, alcanzar un consenso en este sentido “lo veo muy negro”

Para él, esta modalidad provoca repercusiones negativas desde el punto de vista económico, de la cohesión social, así como desde el punto de vista del tejido urbano. Así,
en lo económico, esta actividad va a generar “la casuística propia de cualquier otra: el aumento del precio de las viviendas, que no es por un trasvase, sino que unos pocos operadores acaban condensando la oferta. Para quien es más rentable es para los grandes inversores”.

Aparte, menciona repercusiones a nivel de convivencia “muy importantes”, pues “una vivienda no es una mercancía. Tiene un componente social innegable”.
“Por mucho que queramos que esto sea un mercado con cierto grado de libertad, no se puede negar el componente social que tienen una vivienda, sobre todo plurifamiliar. Si no participa la comunidad de los beneficios, ¿por qué tiene que asumir los posibles perjuicios que se acaban generando, como ruido o limpieza?”

A su juicio, parte de la solución radica en “darle desarrollo al artículo 47 de la Constitución”, que implica “más construcción de vivienda, y rehabilitación de las mismas, para poder diversificar una parte el uso turístico”, subraya.

“Las soluciones deben analizarse con voluntad política de dar respuesta a ese problema. Lo demás son parches que solo van a inclinar la balanza de un lado a otro”, aseguró Rodríguez.